Por decisión de la justicia federal, el Ministerio de Comunicaciones de Brasil promovió cuatro procedimientos administrativos para fiscalizar programas de la Iglesia Universal del Reino de Dios en emisoras de televisión de la Red CNT.

Las fiscalizaciones recaen sobre cuatro concesiones: TV OM de Curitiba (estado de Paraná); TV OM de Londrina (también Paraná); TV Corcovado, de Río de Janeiro; y TV Carioba, de la paulista Americana.

Controlada por familiares del político y empresario José Carlos Martínez, muerto en 2003 en un accidente aéreo, los canales de Red CNT transmiten programas del obispo y multimillonario Edir Macedo 22 horas al día, conforme al contrato firmado en 2014 y válido por ocho años, informó el Folha de São Paulo.

Si bien el gobierno habla de la necesidad de regulación de los medios -causa defendida desde hace años por el PT gobernante- la orden de fiscalización partió del juez federal Djalma Moreira Gomes, de la 25ª jurisdicción de São Paulo, destacó el diario paulista.

El magistrado coincidió con el Ministerio Público Federal que, en una acción civil pública, acusó al gobierno de omisión en la aplicac.ón de normas existentes.

Apoyada en pareceres de los juristas Celso Antônio Bandeira de Mello y Fábio Konder Comparato, los fiscales cuestionaron la legalidad del contrato CNT-Universal alegando que el acuerdo incurre en enajenación de la concesión.

Aunque sea interpretado como publicidad, el negocio es irregular, afirman los fiscales, pues extrapola el límite legal para la propaganda, del 25% de la programación.

Accionando contra el gobierno, la CNT, la Universal y sus respectivos representantes legales, la Fiscalía pidió una liminar (decisión provisoria) estableciendo el bloqueo de bienes de los involucrados y la suspensión inmediata de las concesiones, entre otras medidas.

Fue en respuesta a tal pedido que el juez determinó la instauración de la fiscalización. La orden es extensiva a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Pese a haber denegado los demás pedidos, el magistrado, en diversos tramos de su resolución, sugirió concordar con los argumentos de la acusación.

Afirmó que los datos presentados en la pieza inicial de acción ya están “suficientemente comprobados” y que “es robusta la plausibilidad de los argumentos en el sentido de que hubo transferencia [de la concesión] para terceros”.

Y aseguró aún que “tiene sentido” alegar que el gobierno federal ha permanecido “inerte” en la cuestión.

En una entrevista del ex ministro Paulo Bernardo a Folha, el funcionario ha dicho que, bajo su óptica, no hay ley específica que vete acuerdos como el de la Red CNT con Universal.

El millonario mercado de alquiler de horarios de programación de radios y TVs es alimentado por empresas de televenta, servicios profesionales y, principalmente, iglesias evangélicas neopentecostales.