Mientras sus escándalos de corrupción sortean los límites nacionales y llegan hasta un tribunal de Nevada, y amenazan con alimentar más las ya abundantes pruebas y denuncias que hay en los tribunales locales en su contra, el Gobierno argentino monta otro capítulo de su guerra al Grupo Clarín, convencido que acallándolo, barrerá de cuajo todas los señalamientos de malversaciones y acusaciones de enriquecimiento ilícito que lo tocan de pies a cabeza.

Supone que con esa supresión, sus mentiras se convertirán en verdades, y las verdades del rival en apócrifos destinados a ensuciar su "inmaculada concepción del Bien Común".

Está tan convencida de ello la administración de Cristina Fernández de Kirchner que en las últimas semanas le dio los toques finales a otro líbelo, disfrazado de proyecto de ley, esta vez de telecomunicaciones, que al igual que la vigente Ley de Medios, esconde bajo un manto de cordero la aviesa intencionalidad de finar a su gran rival (enemigo desde 2007), sin importar el desastre a diestra y siniestra que provoca en los mercados de la televisión, radio y telecomunicaciones del país.

Lo sorprendente es que en tiempo récord (Guiness), el proyecto llamado Argentina Digital pasó por el Senado y anda a estas horas por la Cámara de Diputados. Se sabe en qué puede terminar su andada en la pervertida vida democrática argentina. El templo de la democracia (el Congreso y sus dos partes) ha pasado a ser un garito en el que genuflexos legisladores afines –notoriamente superiores en cantidad al resto de colegas opositores– convierten en ley todas las ocurrencias de la señora presidenta.

Hace poco más de un año y medio, a la señora le molestó repentínamente una bellísima estatua de Cristobal Colón, visible desde todos los ventanales de la presidencial Casa Rosada (la Casa Blanca argentina). A lo Nerón, pidió a sus esbirros que la quitaran. El monumento fue desarmado el 29 de Junio de 2013.

Un próspero inmigrante italiano, Antonio Devoto, en representación de la mayor concentración de compatriotas fuera del país -la diáspora en Argentina mereció justificadamente el mote de la Segunda Italia- se la regaló a la Argentina como agradecimiento a la acogida, en el centenario de la Revolución de Mayo (25 de mayo de 1810, la antesala de lo que se conoce como la Independencia del país sudamericano). La piedra fundamental de esta excelsa obra del escultor italiano Arnaldo Zocchi, se colocó el 24 de mayo de 1910.

Hoy, no queda nada de ella en pie. Despedazada, yace en el lugar que la cobijó, a la espera de ser montada, algún día, en los márgenes de la ciudad de Buenos Aires.

Lo mismo que la presidenta tramó contra ese símbolo de la ciudad capital del país, lo hizo con el reglamento de medios audiovisuales. Y lo mismo está haciendo con todo el statu quo de las telecomunicaciones.

Las empresas del mercado deberían manifestarse antes estas barbaries, principalmente las de la televisión, que se establecieron bajo leyes que les aseguraban un juego previsible para sus inversiones. Se entiende que no se quejen las telefónicas, beneficiadas de forma inescrupulosa e ilegalmente por la mandataria; no se comprende, en cambio, el silencio de la enorme mayoría de compañías privadas del sector de la televisión abierta y de pago. 

Si se violentan los derechos de ciudadanos, se supone que éstos deben reaccionar. Nada: dormitan, ignorantes de lo que ocurre. Ni una queja en las calles por otra ley ponzoñosa.