El gobierno argentino se salió una vez más con la suya en cuanto a manipular a gusto la suerte de las comunicaciones de los ciudadanos. Ya lo había logrado en el terreno de los medios audiovisuales con la Ley de Medios, un reglamento que diseñó únicamente para desbaratar por completo los negocios del Grupo Clarín, el más poderoso del país en el terreno de la televisión de pago, uno de los líderes en TV abierta y radio. Clarín es una suerte de Bestia Negra para la primera mandataria del país, su gran enemigo que no hizo silencios sobre las decenas de casos de corrupción que la envuelven desde hace años y a numerosos miembros de su gabinete. Llevada esa ley al acto, sin embargo, no logró el propósito ante la cantidad de recursos legales que le fue interponiendo el multimedio local. 

Fueron tantos los obstáculos que encontró Cristina Fernández de Kirchner en su objetivo que terminó perdiendo la paciencia. Dificultado el camino recto, decidió ir por la retaguardia, echando mano a otro sector, tan fundamental como el anterior, el de las telecomunicaciones.

Este jueves, gracias a una mayoría absoluta en el Congreso de la Nación, que le permite dominar las dos cámaras, hizo ley el proyecto denominado Argentina Digital, norma, que según propala la propia administración gubernamental, "actualiza la actual Ley de Telecomunicaciones". En realidad la retoca para atacar los negocios centrales de Clarín, sin importar el cataclismo que provoca en todo el sector de las telecos y en el sector de la televisión, además de la violación de reglas establecidas y de derechos fundamentales de las personas.

Entre las barbaridades de la nueva letra, se define como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de TICs, lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista. Autoriza, además, a las telefónicas a brindar servicio de televisión -excepto DTH- y declara a la telefonía fija un servicio público, lo que implica que sus tarifas estén reguladas. Las telcos tienen expresa prohibición de por vida a dar televisión en la Argentina por el vigente pliego de condiciones 

Las implicancias de estas decisiones son muchas y por ello, finalmente, comienzan a oirse voces críticas. Entre ellas,  la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) consideró que el proyecto contiene normas deficientes que atentan contra la vigencia de derechos fundamentales.

Los aspectos más críticos tienen que ver con la definición de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la insuficiente protección de derechos fundamentales de usuarios de redes y servicios de telecomunicaciones y el régimen de sanciones.

Entre las barbaridades, la norma define a los Servicios TIC como “aquellos que tienen por objeto transportar y distribuir señales o datos, como voz, texto, video e imágenes, facilitados o solicitados por los terceros usuarios, a través de redes de telecomunicaciones. Cada servicio estará sujeto a su marco regulatorio específico”. Hay varias vaguedades en este texto que lo hacen extremadamente peligrosos pues la interpretación aviesa puede violentar derechos básicos.

Uno de los venenos de la nueva ley es la desprotección de derechos fundamentales de las personas usuarias de redes y servicios de telecomunicaciones, plagados de términos a los que se les puede dar entre dos a diez interpretaciones, un verdadero peligro en manos de un gobierno al que poco le interesan los medios y las teleocomunicaciones y mucho cubrir sus actos contra la caja pública, malversaciones y contra el bien común.