La Cámara de Representantes de Uruguay le ha dado carácter de ley al proyecto de servicios de comunicación audiovisual impulsado por el gobierno en medio de críticas de los tres partidos de la oposición. Inconstitucional, por afectar la libertad de expresión, y por su contenido ideológico: esa es una de las acusaciones más serias expuestas por los opositores.

El Frente Amplio, partido gobernante, hizo uso de sus 50 votos para superar a la oposición, que reunió solo la mitad. Los argumentos de las fuerzas políticas que desaprobaron el proyecto, blancos, colorados e independientes, no consiguieron mover a la bancada oficialista que con sus votos aceptó los cambios hechos por el Senado a la ley de medios.

El legislador Álvaro Delgado, miembro de la comisión de Industria de Diputados donde se analizó el proyecto, sostuvo que "las cinco transportadoras más grandes de señales para abonados de América Latina, con más de 80 señales, podrían llegar a levantar su programación para Uruguay cuando esta ley entre en vigencia".

  
"La tecnología y el control remoto le pasarán por encima en poco tiempo" a la ley, dijo el legislador, quien rechazó el concederle a la estatal Antel "el monopolio en la transmisión de datos".