Los gobiernos nacionales y los negocios privados pertenecen a mundos diferentes. Los primeros fijan las reglas. Los segundos deberían respetarlas. En el terreno de la televisión, la falta de políticas públicas coherentes y la ausencia de reglamentos específicos acordes a los tiempos y a las nuevas tecnologías, algo muy común en América Latina, lleva a situaciones irregulares y a disputas por intereses en el ámbito privado, nada fáciles de zanjar.

Es el caso colombiano en donde leyes trazadas tácitamente, sin proyecciones, y sin contemplación formal de aspectos fundamentales en la actualidad como el must offer y el must carry, pueden generar disputas intestinas de actores de la televisión, como lo es la pelea actual entre canales abiertos y empresas de TV paga, que ha explotado a partir de la emisión del Mundial de Fútbol. 

EL ORIGEN

La disputa se inició hace ya varias semanas, a partir de la decisión de Caracol Televisión y RCN de negarles a los operadores de TV por suscripción la retransmisión de sus respectivas señales HD. Este miércoles pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a los operadores de TV paga la prohibición de retransmitir las señales análoga y de HD de Caracol y RCN, sin contar con su autorización expresa, agravando la situación. Agregándole pólvora al fuego, los canales privados anunciaron que autorizaban la retransmisión de la señal análoga solamente hasta el 31 de diciembre.

CONSECUENCIA

La SIC y el emplazamiento de los canales abiertos le regalaron un as a la contraparte. UNE EPM, Claro, Movistar y DirecTV, anunciaron que darán inmediato cumplimiento a la decisión anunciada (por la SIC) que les ordenó abstenerse de retransmitir las señales análoga y HD de los canales de televisión abierta Caracol y RCN, tan pronto sean notificados. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado a los medios.

Esto llevaría a que el 75% de los colombianos no vería por televisión el Mundial, según lo asegurado por distintas fuentes. La decisión de la Superintendencia y de los canales le dio poder de negociación a las compañías de TV por suscripción.

Claro, de América Móvil, es el proveedor de televisión más grande del país, con 2 millones de hogares abonados, de acuerdo a datos oficiales de diciembre último. EPM tiene 1,1 millones, y Telefónica 336.000. DirecTV, el tercer mayor operador de TV de Colombia, con 869.000 suscriptores, posee los derechos de emisión de los 64 partidos de la competición. Alrededor de 4,7 millones de hogares colombianos se suscriben a servicios de televisión paga, según los datos de la ANTV.

"Para nosotros, la autorización de Caracol y RCN y el pedido del regulador antimonopolio va en contra del régimen jurídico de la televisión que ha estado en pie durante 15 años", aclararon UNE, América Móvil, Telefónica y DirecTV.

IMPERATIVOS INSOSTENIBLES

Los colombianos podrán ver el mayor evento deportivo por televisión, independientemente de lo que pase con la polémica entre las operadoras de televisión de pago por los derechos de transporte de canales: ha dicho el Gobierno colombiano.

Del dicho al hecho hay un trecho: Los colombianos que tengan recepción directa de los canales abiertos sí lo verán pues Caracol y RCN tienen derechos para emitir 40 partidos del evento; no así los que dependan de las empresas de TV paga para ver las televisoras abiertas. Una dictadura sí puede imponer una orden; un gobierno democrático no tiene en manos ese imperativo. La Justicia es un Poder independiente. Y a ella pueden acudir los que se sientan perjudicados por los mandatos oficiales.

ERRÁTICA SIC

La SIC, el brazo gubernamental en la ocasión, obliga a los canales privados de TV nacional, con derechos de emisión, a transmitir todos los partidos en abierto; naturalmente, los broadcasters han aceptado la obligación a surtir a todos la señal análoga del Mundial pues ese siempre fue su plan. 

"Con el ánimo de que todos los televidentes puedan disfrutar toda su programación y en particular el cubrimiento del mundial de futbol 2014, manifiesta que autoriza de forma gratuita a todos los canales comunitarios, operadores de cable y satelitales del país, a retransmitir su señal análoga hasta el 31 de diciembre de 2014; de esta manera, Caracol Televisión S.A. garantiza que su señal análoga estará disponible a través de todos los sistemas de televisión por suscripción del país durante el mundial de fútbol 2014", expuso Caracol a través de un comunicado. RCN también fijó el mismo día como fecha límite de ese permiso a las operadoras de TV por abono.

"Los operadores de TV por suscripción respetan las decisiones de los jueces de la República a pesar de que, en este caso, contravienen fallos de la Corte Constitucional y afectan los intereses de millones de televidentes ya que más del 75 por ciento recibe la señal abierta de estos canales a través de sus plataformas", dice el comunicado de las empresas que entregan el servicio multicanal de pago. Repentínamente, el as decisivo parece haber quedado del lado de cables, IPTV y el DTH. Al igual que la Contraloría General de la República, instan, "a la Autoridad Nacional de Televisión, como organismo rector del servicio público de TV, así como a las autoridades electorales a proteger los derechos fundamentales de los colombianos que se puedan ver afectados por esta decisión". 

Errática, una vez dada la orden, la propia SIC fue contra ella al salir a aclarar que no existe "ninguna razón para que las empresas de TV por suscripción suspendan inmediatamente la retransmisión debido a que los canales autorizaron que sus señales se lleven por las redes de los operadores". Increíble aunque cierto: Ordena la suspensión pero luego dice que no es inmediata, lo que es, claramente para las operadoras, un destrato o una directa subestimación de su condición de parte en el conflicto.

CONTRALORÍA: REFLEJOS CON EXAGERACIÓN

La Contraloría, a su vez, atisbó el conflicto y mostró reflejos en la ocasión, aunque exagerando las consecuencias. Lanzó una advertencia a través de un oficio indicando que los colombianos, a pesar de la disputa legal, no pueden quedarse sin la señal de las canales Caracol y RCN. La Contraloría, el máximo organismo de control fiscal del Estado, es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, que tiene a su cargo la función pública de ejercer control y vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

“Aunque la decisión de la SIC resulta loable para proteger las prácticas restrictivas de competencia desleal, puede vulnerar el acceso de los colombianos a la recepción de la señal de televisión abierta, con lo cual se vulneran derechos fundamentales como que el Estado debe garantizar la prestación de los derechos públicos, así como el derecho a la información”, se expuso desde el ente de control. Según esta interpretación, la emisión o no de un evento deportivo tiene la categoría de "derecho a la información".

El ente de control recordó al fijar su posición que “es deber de la Autoridad de Televisión garantizar el acceso directo a la televisión abierta sin que los consumidores se vean obligados a hacer inversiones en decodificadores especiales”. Por ello, adelantó, impulsará una acción sobre la Superindustria, la Autoridad Nacional de Televisión, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para determinar su acción u omisión frente a las disposiciones legales vigentes. En este caso, la Contraloría parece retomar la cordura al señalar a los entes gubernamentales, verdaderos responsables del problema entre las compañías de televisión privadas.

LECTURAS DE CONVENIENCIA

En Caracol y RCN hay convencimiento de que los operadores deben ser multados si no retransmiten las señales. Y que la decisión de la SIC les deja abonado el campo para cambiar las reglas de juego informales a partir de 2015. “Se debe aclarar que los colombianos van a ver el Mundial de Fútbol y esos partidos se van a ver, a menos que ellos, los operadores de TV por suscripción, como mecanismo de presión, saquen la señal de Caracol y RCN”, dijo Gabriel Reyes, presidente del Canal RCN a Caracol Radio. Según la prensa local, Reyes sostiene que los operadores de TV por suscripción podrían recibir una sanción si dejan de transmitir la señal porque hay una obligación de ley.

Reyes, con muchos años de experiencia en el negocio, debería dudar de sus palabras. El mecanismo de presión no es poca cosa: Salvo la Justicia, no hay otro poder que pueda obligar a las operadoras a portar estos canales. 

También públicamente, el secretario general de Caracol Televisión, Jorge Martínez, salió a asegurar que el comunicado en el que los operadores “amenazan con dejar a los colombianos sin señal análoga de los dos canales puede dar lugar a la caducidad del contrato que tienen actualmente”. En lo inmediato, esa caducidad del "contrato que tienen actualmente" (¿existe realmente un contrato?) dejaría al 75% de los colombianos sin Mundial. Y eso no es algo que quiera el Gobierno.

“Los operadores tienen engañados a todos los colombianos. Les pido a los usuarios que apaguen su decofidicador a ver si pueden recibir una señal aérea”, dijo Martínez. Si las apagan dejarían de ver los canales abiertos de cobertura nacional.

Mientras abundan las conjeturas de lo que puede pasar en la semana decisiva, la Procuradora delegada para la vigilancia de la función Pública, Fanny González, convocó para este lunes 9, a una reunión con carácter de urgente a la ANTV, la SIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC y el Ministerio TIC, "para que cada una desde su competencia encuentren soluciones al conflicto por la retransmisión de las señales de RCN y Caracol en los sistemas de TV cerrada".

CONCLUSIÓN

La incapacidad de los políticos para hacer leyes que contemplen con la debida anticipación situaciones y circunstancias básicas, los lleva a adoptar acciones extremas. La falta de criterio profesional, la falta de preparación de los equipos "políticos" encargados de hacer las leyes y de contemplar las situaciones obvias, como la del caso colombiano, la ausencia de técnicos en la creación de reglamentos, es el principio de conflictos que devienen en determinaciones gubernamentales contrarias a las prácticas democráticas. La autoridad, principal responsable del entredicho al no haber previsto y fijado ordenamientos en su debido momento, ahora quiere decidir con imperativos propios de un dictador.

Pronóstico en este caso: cuando se trata de temas populares-populistas, como es la emisión por televisión de un Mundial de Fútbol, la sangre nunca llega al río. En Colombia, no será diferente, aunque la disputa ha quedado planteada. Y ha puesto el cartel de urgente a una reglamentación subestimada en el país. Las plataformas de pago tienen el as esta semana. Puede que sea su última oportunidad de hacerlo valer y conseguir una reglamentación formal y no tácita sobre must offer y must carry antes de fin de año en Colombia.