"El proyecto de ley garantiza el derecho humano a las telecomunicaciones”, dijo el ministro de Planificación Federal del gobierno argentino, Julio de Vido. La frase, apenas sonó, debería haber puesto a temblar a todo el sector aludido. Razones: el ministro no solo es uno de los más sospechados de la administración Kirchner de actos corruptos; también es uno de los que menos sabe del tema. 

El plan bautizado Argentina Digital es otra vuelta de tuerca contra los intereses del Grupo Clarín; conlleva, en paralelo, una clara intencionalidad de 
mayor intervención estatal sobre todos los medios, incluídos los digitales. No solo allí lleva ponzoña la letra que está a punto de salir del Congreso Nacional con rótulo de ley. Su aplicación no es un ducto hacia el futuro; va contra el mismo progreso tecnológico.

Algunos peligros

-El Gobierno podría controlar todos los precios de las tecnologías de la información y la comunicación. Conociendo su accionar, castigará a los que hablen mal de él y premiará a los genuflexos.  Sera dueño y señor de establecer las cargas impositivas, agregará o quitará las exigencias para dar servicios según se le antoje. 

-El nuevo ente encargado de hacer cumplir la ley tiene mucho de parecido a la vergonzante Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), creada para controlar el curso de la ley de medios. Hasta el nombre asusta: Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y Comunicación (AFTIC). Este organismo tendría tanto poder sobre la libertad de expresión que puede calificar o descalificar un servicio, poniendo sobre el escenario el concepto "seguridad nacional", es decir si no le gusta a la presidenta o a sus controlados lo puede hacer desaparecer inmediatamente. Se sabe cómo funciona este Gobierno a la hora de trazar la arquitectura de una ley. Aquello de que "hecha la ley, hecha la trampa", aplica en un todo en este caso.

-Mientras el argentino promedio duerme y no se da cuenta de cuánto puede una ley condicionarle la vida, el gobierno de Cristina de Kirchner está listo para dar pista a normas que podrían meterse en las propias comunicaciones de los ciudadanos y hasta en sus propia casas. Hay obligaciones para cualquier usuario de las TIC que son aberrantes en el proyecto. El reglamento pretende "permitir el acceso del personal de los licenciatarios y de la autoridad de aplicación, que deben estar debidamente identificados a los efectos de realizar todo tipo de trabajo o verificación necesaria". Temible las consecuencias; anticonstitucional en un ciento por ciento. La norma le permite a la autoridad, si lo considera, invadir el propio domicilio privado.

-El proyecto habilita a las telcos Telefónica y Telecom a brindar servicios audiovisuales, algo que les está expresamente prohibido en el pliego de condiciones de privatización de los años noventa, muy beneficioso para ambas. Ese condicionamiento no puede ser violentado de un día para el otro porque condicionó a todos los argentinos en los años noventa y en los primeros de los años 2000 a someterse a un monopolio de las telecomunicaciones fijas. Aquel monopolio dejó millonarias ganancias a los dos grupos europeos. Cambiar las reglas abruptamente debería generar juicios millonarios de cualquier particular en contra del Gobierno argentino. Ese impedimento es previo a la sanción de la vigente Ley de Medios que también ratifica esa prohibición.