Este último sábado, en la madrugada, el Senado mexicano concluyó el tratamiento del proyecto, aprobándolo y enviándolo hacia la siguiente etapa, Diputados. En esa parada, el trabajo de las comisiones de Comunicaciones, Radio y Televisión de la Cámara de Diputados de México ha sido intenso, buscando delinear las reglas para el sector de las telecomunicaciones. Una votación mayoritaria de los legisladores de ambas comisiones decidió aprobar en horas de la noche de la víspera, en términos generales, el proyecto de leyes dirigidas a regular la reforma al sector de telecomunicaciones ratificada el año pasado, que busca aumentar la competencia en el sector.

Según un reporte de Reuters, las primeras lecturas reflejan que la letra candidata a ley impone medidas más estrictas a la operación de América Móvil, la líder del mercado de telecomunicaciones local controlada por Carlos Slim, como son las de compartir infraestructura y reducir las tarifas a competidores. El otro actor que está entre ceja y ceja es Televisa, al que señalan los diputados opositores de estar siendo "beneficiado" por el proyecto de ley, alegando que le deja abierta la puerta a mayores concentraciones de poder. El izquierdista PRD es el de las críticas más inflamables contra la compañía de Azcárraga Jean, asegurando de forma explícita que el proyecto favorece a Televisa, y castiga a América Móvil. 

Desde el Gobierno, a través del consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos, se le responde que la reforma “es igual o más profunda que la anunciada a nivel constitucional. A partir del nuevo andamiaje legal, el Estado recupera la rectoría de las telecomunicaciones”.

La administración de Peña Nieto objeta las diatribas argumentando que las nuevas leyes en telecomunicaciones y radiodifusión reducirán las distorsiones y permitirán la atracción de capital fresco. Representantes gubernamentales subrayaron que el objetivo de la legislación es acabar con un desfase estructural que, según cálculos de la OCDE, costó a México US$130.000 millones entre 2005 y 2009.

“Había una extrema litigiosidad en estas áreas, que hundía las políticas públicas en interminables procesos. Otro problema era la alta concentración empresarial, que derivó en estructuras casi monopolísticas con la consiguiente caída de las inversiones”, explicó en un reporte local el subsecretario de Comunicación, Ignacio Peralta.

Expertos del mercado esperan que la inversión en el sector aumente con la nueva ley en casi US$20.000 millones respecto a la previsión del sexenio, de US$35.000 millones a US$54.000 millones.