El desplome de los precios del petroleo y el gas natural en todo el mundo también impacta en la televisión. La poderosa Al Jazeera está decidiendo el despido de unos 500 empleados, poco más del 10 por ciento del personal total de lo que es actualmente la principal cadena de noticias del mundo árabe y uno de los más importantes a nivel mundial con una audiencia superior a los 250 millones de hogares.

La mayoría de los afectados se basa en el headquarters de Doha, según propia información de Al Jazeera, red controlada por la familia real de Qatar. Al momento de los despidos, el grupo contaba con aproximadamente 4.000 empleados.

"En los últimos meses, hemos evaluado cuidadosamente todas las opciones disponibles con el fin de asegurar que estamos en mejores condiciones para competir en el panorama de los medios global. Estamos seguros de que se trata de un paso acertado para alcanzar nuestra meta", dijo este domingo 27, Mostefa Souag, director general de la compañía.

La crisis de los precios ya había incidido en la cadena en enero pasado, con el cierre de Al Jazeera America, lanzado en EEUU en 2013, aunque en aquel momento la justificación más tuvo que ver con el panorama de medios norteamericanos, de alta competencia y demandante de inversiones importantes. 

Desde su creación hace exactamente dos décadas en Doha, como parte de los esfuerzos cataríes para trasladar su poder económico al ámbito político, la cadena amplió la distribución y ha multiplicado su audiencia, con una línea editorial de apertura al mundo árabe y de exposición internacional de las noticias sin censura. En los últimos tiempos, ha comenzado a enfrentar una creciente competencia en su región de origen.

En su reporte de la reducción de personal, Reuters remarca que los tiempos actuales han cambiado las prioridades. Qatar parece haber bajado el tono de su perfil diplomático con el emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, que tomó el poder en 2013 y que ha hablado de la necesidad de austeridad en tiempos de malos precios del petróleo. 

Al Jazeera es la última institución financiada por el estado en reducir personal por la caída de los ingresos del petróleo y gas. Hubo despidos generalizados en el sector de la energía el año pasado.