M&A
México
The Daily
Ago14,2014
A poco más de un año del primer paso dado en esta operación, Televisa ha completado la adquisición total de la cableoperadora Cablecom por un monto aproximado a los US$654 millones (concretamente 8,550 millones pesos mexicanos). En agosto de 2013 había pagado 7,000 millones de pesos por el 51% de la empresa, quedándose en mano con la opción de compra del 49% restante.
En un reporte de este jueves a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el grupo reconoce haber llevado "a cabo, en términos de ley, la adquisición directa e indirecta del 100% del capital social de Grupo Cable TV, S.A. de C.V. ("Cablecom"), mediante la conversión de ciertas obligaciones previamente suscritas y el pago de $8,550 millones de pesos”.
La adquisición agrega 1,2 millones de suscriptores de TV paga, telefonía e Internet, a los 5,4 millones que Televisa reconoció en junio. Cablecom tiene operaciones en 16 estados.
Este miércoles entró en vigencia la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que permite a las empresas que no son agentes económicos preponderantes a adquirir otras compañías sin estar obligada a solicitar la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Aunque la operación queda igualmente bajo la lupa del IFT, no debería encontrar obstáculos pues sus activos de televisión paga en conjunto (cable y DTH) se encuentran dentro del margen dado por la nueva Ley. El reglamento establece que toda transacción que no supere el tope del 20% del total del mercado de telecomunicaciones, no necesita aprobación de la autoridad regulatoria.
Televisa ya controla Cablemás, Cablevisión, TVI y el DTH Sky, activos que representan 60% del mercado de televisión de paga mexicano. Como la nueva reglamentación no limita por segmentos sino por total del mercado de telecomunicaciones, las propiedades en este sector del grupo no la violentan.
El noveno transitorio de la ley vigente que prevé la prerrogativa para los players "no preponderantes", obliga al IFT a investigar las concentraciones en un periodo no mayor a 90 días.
“Las medidas que imponga el Instituto se extinguirán una vez que se autorice a los agentes económicos preponderantes la prestación de servicios adicionales”, cita el transitorio.
