Puede que gran parte de la industria de la televisión no entienda qué sucede en la Argentina, en donde las últimas noticias remiten a un escenario de disputas y disparates. No es necesario ser un genio para entender qué sucede; apenas con saber sumar uno más uno alcanza para descifrar los sucesos. Sucede que hay un gobierno nacional que quiere despedazar a una empresa de medios privados porque no le rinde pleitesías, el Grupo Clarín, dueño de la mayor operadora de televisión por cable del país, de la principal prestadora de acceso a internet, de uno de los dos broadcasters líderes, de la principal programadora de señales de TV paga de cobertura nacional, de la radio líder nacional y del periódico más importante a nivel nacional.

No hay ninguna otra intencionalidad escondida en la última barrabasada gubernamental de la pasada semana. La decisión de abrirle las puertas a las Telcos al campo de la televisión, una posibilidad expresamente prohibida por ley, persigue crear un enemigo letal para la compañía argentina. Alguien que acceda al Quad Play de inmediato y destroce a quien puede dar solamente dos servicios, la cableoperadora Cablevisión, fuente vital de los ingresos del conglomerado.

Si esto aconteciera en un ámbito de libertad, y en un país sensibilizado con las prácticas democráticas, la sociedad tronaría porque la tentativa es ilegal, y tronaría mucho más porque el fin de la maniobra agrede directamente su propia libertad de expresión. Para esta sociedad, no se trata de tener una posición a favor de las Telcos o en contra de ellas, o a favor de tal o cual medio de comunicación: se trata de su propia libertad de expresión, un bien común preciado para cualquier sociedad democrática. No están de por medios los nombres de las sociedades privadas involucradas en el indecente juego planteado por el gobierno argentino, sean ellas Telefónica de España, Telecom de Italia, o Clarín de Argentina. 

Sin embargo, los brutales golpes de timón de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, no generan nada en la población nacional. Ni una mínima reacción, salvo, en algunos grupos empresarios afines a la TV por cable. Mucho menos escozor produce en los medios colegas del Grupo Clarín. Salvo contadas excepciones, el colectivo de medios observa mezquínamente la cruzada oficial. 

"Como no me toca y hasta me favorece, bienvenido", parece ser el pensamiento común del resto de medios de comunicación social del país. No es casual el silencio: la gran mayoría de empresas periodísticas, especialmente las vinculados con televisión, han sido cooptadas por el gobierno nacional con dineros públicos, disfrazados bajo el ítem propaganda oficial. El Gobierno no hizo otra cosa que comprarlas con dinero que debería ser destinado al Bien Común de los argentinos. En ese colectivo de medios sobornados, resuena, atronador, el silencio cómplice de todas las televisoras abiertas de alcance nacional, salvo, por supuesto, Artear Canal 13, la estación del grupo castigado.

El gobierno argentino ha creado una excusa atrás de la otra para exterminar al enemigo. La Ley de Medios es la más brutal de ellas: un líbelo, disfrazado de cordero, destinado expresamente a desguazar al enemigo, que no logró enteramente su cometido solo porque una parte de la Justicia aceptó medidas extremas de apelación de Clarín. Como esos jueces se interpusieron en el objetivo, el gobierno decidió ir por ellos, con un proyecto de reglamento llamado, sarcásticamente, ley de democratización de la Justicia. El proyecto no cuajó porque era bárbaro e impresentable, de pies a cabeza.

Como no pudo, el gobierno fue hasta la propia Corte Suprema para que ésta le haga el favor de derribar las barreras judiciales, barricadas de última levantadas por el conglomerado privado. Aunque las evidencias del fin presidencial no le eran desconocidas, la Corte avaló la presentación, y dejó sin efecto las medidas cautelares, dándole luz verde para la ejecución. El capítulo siguiente fue el emplazamiento del desguace. Hubo, luego del fallo y el urgente planteo de plazos, una llamativa tregua y hasta la imprevista aceptación del plan llamado de "adecuación" a la Ley de Medios presentado por el multimedio.

El respiro incluyó hasta el aval dado por la autoridad encargada de hacer cumplir el reglamento -la AFSCA- al desmembramiento llevado adelante por el grupo, cumplimentado en los plazos exigidos. La paz terminó apenas finalizó el desguace en seis empresas. Como la acción no significó la esperada rendición del grupo, un nuevo pedido de escarmiento terminal llegó desde la Casa Rosada, la base de la presidenta. La excusa, en este caso, fue que la "adecuación", según el entendimiento presidencial, había sido una estafa, una maniobra aviesa para mantener los bienes entre los cercanos a la compañía. La solución encontrada por la Casa Rosada para cerrar el problema bien vale un marco por lo indecorosa: decidió, de facto, que al incumplir con la Ley y "falsear" el desguace, Clarín debía ser vendido. Y vendido por el propio Gobierno. Otra apelación llegó y la mediación de un tribunal local salvó nuevamente de la guillotina a la compañía. Mientras veía venir el dictamen, la administración de Cristina de Kirchner le dio las últimas pinceladas al plan B de exterminio, hace no más de una semana. 

La nueva excusa para solapar la verdadera intencionalidad no tiene desperdicio: envío al Congreso Nacional un proyecto de Ley, denominado Argentina Digital, con el "objetivo de regular las tarifas de interconexión, declarar como servicio público Internet, telefonía fija y móvil y televisión por cable, además de garantizar su acceso a través de una red única". Uno de los puntos de esta Ley Argentina Digital, dice textual que “a través de un mismo cable o red única, el usuario podrá recibir todos los servicios de su hogar”. Martín Sabbatella, jefe del AFSCA y el verdugo de Clarín seleccionado por la presidenta, aclaró, con la seguridad de quien habla con la absoluta verdad “que todos los actores puedan participar en igualdad de condiciones, regulados por el Estado, y compitan libremente en el mercado”. El delirio oficial podría hasta obligar a Clarín a abrir su red para el uso de sus propios rivales del negocio.

La excusa linda lo brutal tanto para el pasado como para el presente y futuro de las telecomunicaciones del país. En los años noventa, otro gobierno peronista, sobresaliente por lo corrupto y por dejar sin bienes al país, le concedió el monopolio de las telecomunicaciones argentina a dos empresas europeas, Telefónica de España y Telecom de Italia. Le dio un cheque abierto y le puso pocas condiciones, entre ellas la prohibición para siempre de ingresar al negocio de televisión. Las Telcos firmaron, naturalmente: había un filón allí que no iban a desperdiciar. Y no se equivocaron, en especial Telefónica, cuyas ganancias resultaron suficientes para iniciar su impresionante escalada internacional, principalmente en América Latina.

La nueva excusa del Gobierno para ir por la vida del oponente violenta ese pasado. El proyecto de Ley actualmente en curso tendrá camino al éxito seguro: Cristina Fernández de Kirchner controla las dos cámaras del Congreso. No habrá allí defensas para el reo. La nueva letra en curso le levanta el muro a las Telcos para ingresar al negocio de la televisión, algo que es ilegal, y que debería conllevar, en caso de que se avale, juicios millonarios de los argentinos sometidos al monopolio en los años noventa, y en los inicios del siglo XXI, y que exigirán que las reglas impuestas a usuarios y operadoras incumbentes se respeten a rajatabla.

En todos esos años en que se la emprendió con Clarín y con algunos medios que no le fueron afines -muy pocos-, el Gobierno argentino fue señalado cientos de veces por hechos de corrupción, lavado millonario de dinero, manipulación de obras públicas en beneficio de sus allegados, entre otras acusaciones gravísimas de afrentas contra el Bien Común. En todos esos años, la inflación escaló hasta llegar a lo que es casi un récord mundial, 45%, índice que el propio Gobierno desconoce y falsea. En todos esos años, las reservas del país se deslizaron barranca abajo, en caída libre; los hechos de inseguridad se multiplicaron a lo largo y ancho del territorio argentino; los transportes fueron de mal en peor; las obras públicas desaparecieron de la realidad y solo se mencionan en los anuncios oficiales; y  las economías regionales muerden el polvo de la desidia gubernamental. 

De ser uno de los mayores territorios en exportación de carnes, ahora ha sido superado hasta por Uruguay, país con menos de la décima parte de su población. No hay un sólo índice que emparente a este gobierno con lo que debe ser un gobierno democrático. Sin embargo, allí está, en su cruzada enajenada, incansable, contra "su Bestia Negra".