Un decreto de necesidad y urgencia del gobierno de la República Argentina, declarando esenciales a prestaciones privadas que no lo son, ha causado mucho malestar en tres sectores clave de las telecomunicaciones del país. La medida formalizada por el presidente argentino, Alberto Fernández, dándole un carácter “público” a estos servicios, congela hasta fin de año las tarifas de televisión paga (cable, DTH, IPTV), telefonía móvil e Internet. 

            Los desequilibrios de todo tipo que sufre el país en la actualidad, por ineptitud manifiesta del actual gobierno, agravada por la inercia económica causada por la pandemia Covid-19 (160 días de parálisis de la actividad comercial en los centros principales del país), más las malas condiciones financieras que han depreciado y devalúan diariamente la moneda local, están siendo una tormenta perfecta para que la situación de las empresas en general, incluyendo las de telecomunicaciones, se encuentren complicadas. 

            El decreto presidencial involucra las tarifas de compañías como las locales Cablevisión Fibertel (Telecom Argentina), Telecentro, Gigared, e internacionales como DirecTV, Claro, Telefónica (entre otras) y de todas las prestadoras nacionales.

            La situación argentina había motivado en mayo pasado un congelamiento de precios entre los prestadores y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que acababa este último día de agosto. La decisión gubernamental la extiende ahora por cuatro meses más.

            Las quejas llegaron de inmediato desde las compañías más importantes de la industria que consideran el congelamiento como una intromisión del Estado en lo privado “algo inadmisible pues no se trata de servicios públicos” y un daño importante en sus intereses que podría llevarlas a una desinversión generalizada en el sector, con el consiguiente daño en la calidad del servicio y de las prestaciones en general. 

            Ejecutivos de Telecom Argentina y de los grupos internacionales han expuesto su malestar por la disposición que se fundamenta en reglamentos que la administración Macri (2015-2019) derogó, y que el gobierno kirchnerista (ha recuperado el poder por tercera vez (2003-2007; 2011-2015 y 2019-2023), de neto corte populista, reflota ahora.

LA TV POR CABLE SE RESISTE

            La relación con las empresas de telecomunicaciones del kirchnerismo es de vieja data, casi siempre en términos beligerantes. Y no tiene que ver con el porte: el gobierno confronta también con las pequeñas y medianas compañías. 

Un ejemplo: Este martes, todo el sector de las microempresas, pequeñas y medianas de la televisión por cable salió a criticar con dureza la intrusión estatal, entre ellas la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT), la Asociación Santafesina de Televisión por Cable (ASTC), la Asociación Cordobesa de Radiodifusión por Cable (ACORCA), la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones (AET), la Asociación Pampeana de Cables (APCCCTV) y la Asociación Misionera de Circuitos Cerrados de Televisión (AMCCTV).

El texto en común de estos grupos, titulado ‘Preocupación PyMe: La Inclusión Digital No se Logra por Decreto’, expone con claridad el malestar causada por el decreto:

“El DNU 690/2020 está lejos de garantizar los derechos de los ciudadanos argentinos en materia de información, entretenimiento y acceso a internet.

Por el contrario, esta norma agrega incertidumbre a un contexto donde los operadores estamos haciendo considerables esfuerzos por acompañar a nuestros clientes, sostener la calidad de los servicios y cuidar a los trabajadores, operando en mercados altamente competitivos y tecnológicos.

Entendemos que el resultado de un exceso regulatorio como este, será negativo para los intereses de los abonados a los cuales nuestra industria les brinda servicios desde hace más de 50 años. Los usuarios saben, por experiencia, que servicios públicos con tarifas congeladas, lejos de fomentar la inclusión y alivio económico, significan una degradación de las prestaciones que reciben.

Somos un sector de la economía que se desarrolló desde los pueblos hacia las grandes ciudades, desplegando redes de comunicación para que los vecinos tengan acceso a la información y a la red mundial. Lo integramos unas 700 empresas PyMEs de capitales nacionales, que estamos distribuidas por todas las provincias del país.

La norma publicada, salteando facultades del Congreso, produce serias limitaciones al manejo de nuestras empresas y la vemos como una grave afectación al marco regulatorio que nos rige y a nuestra seguridad jurídica. Peor aún, van a favorecer a nuestros competidores que brindan servicios desde el extranjero mediante plataformas de contenidos que ingresan libremente al país y hacen usufructo gratuito de nuestras redes. 

No se les exige nada: no pagan impuestos, no emplean trabajadores, no rinden cuentas a los defensores de los consumidores y no se ven sujetas a la ley de defensa de la competencia. Muchas de ellas operan sin tener domicilio en el país.

Queremos acelerar la inclusión digital, pero estamos en total desacuerdo con la norma. La brecha digital se cierra con más inversión y complementariedad, que coadyuven a extender las redes e incrementar la oferta de servicios. Para eso lo que necesitamos es crédito a tasas razonables para mantener actualizada nuestra infraestructura, que se alivie la pesada carga impositiva que soportan nuestras empresas dándole destino a nuevos desarrollos, que nuestros aportes al Fondo del Servicio Universal lleguen más rápido a zonas vulnerables o que no son rentables para nuestra operación. No hace falta declarar nuestro servicio como público para cerrar la brecha digital; el Estado tiene todas las herramientas para remediarla”.

La nueva y desaprensiva injerencia gubernamental en territorios privados, tan comunes en las anteriores admnistraciones kirchneristas, ha vuelto a la escena, para dañar nuevamente (como lo hizo hasta 2015) a todo el sector de las empresas de las nuevas tecnologías".