La piratería audiovisual se ha convertido en uno de los mayores problemas económicos y tecnológicos de América Latina. Según datos presentados por la Alianza contra la Piratería Audiovisual (Alianza), el fenómeno genera pérdidas superiores a los US$ 12.000 millones anuales, afecta a más de 75.000 empleos formales y alcanza actualmente a uno de cada tres hogares con acceso a internet en la región.

   La magnitud del problema fue uno de los ejes centrales del Seminario Amcham: Brasil contra la Piratería, realizado en São Paulo, donde representantes del sector público y privado analizaron el impacto creciente de las redes ilegales de distribución de contenidos y las posibles estrategias para combatirlas.

   Durante el encuentro, Pedro Betancourt, VP de Asuntos Externos y Regulatorios de Waiken ILW, holding que controla compañías como DirecTV Latin America, Sky, Zaaz Telecom y Overlabs, advirtió que la piratería ya representa el principal competidor de la industria audiovisual formal.

   “Hoy, sin duda, el principal competidor de toda la cadena audiovisual es la piratería. Esta actividad representa una transferencia directa de riqueza desde la economía formal hacia estructuras ilegales que operan a escala internacional”, afirmó el ejecutivo.

   Las cifras muestran la dimensión alcanzada por este fenómeno en los últimos años. De acuerdo con las investigaciones de Alianza, aproximadamente 14,4 millones de hogares latinoamericanos consumen TV paga de manera ilegal, lo que representa el 22,1% del mercado regional.

   Sin embargo, el mayor crecimiento se registra en el entorno digital. Actualmente, cerca de 46,3 millones de hogares acceden a contenidos audiovisuales pirateados a través de internet, equivalentes al 42,6% de los hogares con conexión de banda ancha.

   En conjunto, estas prácticas generan pérdidas estimadas en US$ 12.360 millones anuales. De ese total, US$ 2.390 millones corresponden a la TV paga ilegal, mientras que la piratería online concentra US$ 9.970 millones, representando cerca del 80% del impacto económico total.

   Más allá de las pérdidas que sufren las compañías de medios y entretenimiento, la expansión del mercado ilegal tiene efectos directos sobre el empleo, la inversión y los ingresos públicos.

   Los estudios citados por Alianza estiman que la piratería audiovisual provoca la pérdida de aproximadamente 75.000 puestos de trabajo formales en América Latina. De ellos, unos 28.000 corresponden al sector de televisión paga y otros 46.000 al ecosistema digital.

   El impacto también alcanza a los gobiernos. La reducción de la actividad económica formal implica una pérdida cercana a US$ 2.500 millones anuales en recaudación tributaria, recursos que podrían destinarse a áreas como educación, salud, infraestructura y programas sociales.

   Asimismo, la disminución de ingresos en la industria limita la capacidad de inversión en nuevos contenidos, innovación tecnológica y desarrollo de proyectos audiovisuales, afectando la competitividad de todo el sector.

   Los especialistas advierten que la piratería actual ya no responde a esquemas informales o aislados. Las organizaciones detrás de estas actividades operan mediante estructuras complejas y transnacionales que utilizan servidores ubicados en distintos países, plataformas tecnológicas globales y sistemas internacionales de procesamiento de pagos.

   Esta realidad dificulta las tareas de fiscalización y persecución judicial, ya que muchas de las operaciones se ejecutan fuera de las jurisdicciones donde se produce el consumo ilegal. Según los expertos, el fenómeno requiere una respuesta coordinada entre gobiernos, organismos reguladores, fiscalías, fuerzas de seguridad, empresas tecnológicas y titulares de derechos para lograr resultados efectivos.

Un llamado a la cooperación regional

   Frente a este escenario, la industria audiovisual insiste en la necesidad de actualizar los marcos regulatorios y fortalecer la cooperación internacional para enfrentar una problemática que trasciende fronteras.

   “La piratería audiovisual ha alcanzado una escala masiva y digitalizada que distorsiona los mercados, compromete la ciberseguridad de los usuarios y debilita la economía formal de nuestros países”, sostuvo Betancourt.

   El ejecutivo agregó que la lucha contra estas prácticas exige la colaboración permanente entre los distintos actores públicos y privados de la región, así como herramientas legales y tecnológicas que permitan actuar con mayor rapidez frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.