En un caso que guarda cierta similitud con el de Telmex y Dish en México, aunque con algunas diferencias radicales, la justicia argentina le ha cerrado la puerta a la pretensión de Telefónica y Telecom de ofrecer servicios de televisión de pago en el país. Las dos telcos, controladoras de las telecomunicaciones fijas desde hace más de dos décadas, y que mantienen el dominio de la interconexión, habían comenzado a ofrecer un servicio denominado Trío y Superpack respectivamente, aliados con DirecTV. La oferta fue frenada por una medida cautelar interpuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal tras recibir una denuncia presentada en 2007 por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y los operadores -entonces separados- Cablevisión y Multicanal, del grupo Clarín, y Telecentro.

La Cámara desestimó la defensa de las telcos, que entendían como no violatoria su condición pues solo prestaban el servicio de telefonía y banda ancha, mientras que DirecTV brindaba el de TV paga, estableciendo contratos separados por empresa más allá de que la contratación de los tres pudiera realizarse bajo un mismo trámite. Telefónica y Telecom ‘se encuentran ofreciendo varios servicios de telefonía y radiodifusión (aunque para este último se recurra a un convenio de prestación con DirecTV)’, apuntó la Cámara, porque lo que debe considerarse para sostener lo anterior, no es el convenio establecido entre las empresas, sino ‘la conducta manifestada por estas en el mercado’: el ofrecimiento de servicios diversos de manera conjunta en un paquete inescindible’.

Este fallo ordenó a Telefónica y a Telecom dejar de comercializar los paquetes Trío y Superpack, considerando que la asociación en el mercado con el operador DTH significaba, a priori, una violación de las licencias de las telcos, que expresamente les prohíbe prestar servicios de radiodifusión, ya sea de manera directa o a través de terceros, tal como reclamaron ATVC y los operadores de cable. Cuando tuvo lugar el proceso de privatización de los servicios de telecomunicaciones en el país, los dos grupos de telecomunicaciones ganadores aceptaron, sin condición alguna, la imposición que les prohibe, ilimitádamente, ofrecer televisión a cambio de tener de forma conjunta el monopolio de las telecomunicaciones. Esa decisión fue clave para que el grupo español consiguiera pingües ganancias y extendiera sus operaciones en gran parte de América Latina.

La cautelar fue apelada por el propio gobierno nacional y ahora es la Corte Suprema de la Nación la que sale al cruce a los dos operadores de telefonía y a la propia presentación del gobierno, argumentando que el pedido es improcedente porque ‘no se dirige contra una sentencia definitiva’, sino contra una medida cautelar en una causa en trámite.