Una vez más, acumulando ya una cantidad récord de quejas contra el mismo objetivo, la mexicana Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) embate contra un involucramiento de Telmex en negocios de televisión, cuestionando en este caso la actitud adoptada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Se sabe que el IFT, creado el 11 de junio de 2013 por la administración Peña Nieto, es un órgano administrativo independiente encargado de regular el sector de las telecomunicaciones en México. Al mismo tiempo, debe promover y supervisar el desarrollo y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país, contando con autonomía para dictar sus resoluciones.

El descontento de la entidad que concentra los intereses de la mayoría de players del cable mexicano tiene que ver esta vez con la ligereza que entiende hay en el organismo en el tratamiento de la relación Telmex y Dish.

"Se entregaron los 14 contratos y las cartas laterales del Proyecto Alpha de Telmex-Dish a las autoridades…¿Por qué el IFT no tiene la documentación completa del proyecto Alpha de Telmex-Dish”, critica.

"¿Los ex comisionados de Cofeco y Cofetel --actuales Cofece e IFT-- tenían toda la información del Proyecto Alpha de Telmex-Dish?", interroga textualmente la Cámara en una carta dirigida a la opinión pública.

El Proyecto Alpha no es otra cosa que un supuesto acuerdo entre las empresas que facilitaría al grupo de Carlos Slim el control futuro de la operadora DTH.

La Canitec recuerda que según la página 4, oficio de autorización SE-10-096-2009-270, emitido por la desaparecida Cofeco en mayo de 2013, Telmex no está en condiciones regulatorias de adquirir acciones, partes sociales u otros activos de Dish. Regulatoriamente, Telmex tampoco puede involucrarse con negocios de televisión de pago, directa o indirectamente.

Este nuevo pedido de investigación sobre la presunta maniobra irregular de Telmex, remite al mismo origen que tiene la guerra de años entre operadores de telecomunicaciones por cable y el grupo de Slim.

La reclamación tiene una génesis inapelable. Nacida en 1947 privada, hasta que en 1972 el gobierno mexicano tomó el control al adquirir el 51% de la compañía. Telmex volvió a ser privada a partir del 9 de diciembre de 1990, al venderse en subasta pública, un 20,4% de su capital social, que le permitía al tenedor el control sobre toda la empresa, por un valor total de US$1.757,6 millones. El comprador fue un conjunto de empresas liderado por el Grupo Carso del empresario Carlos Slim Helú, más France Cable and Radio, filial de France Telecomm, y Southewestern Bell de EEUU.

A cambio de los beneficios de ser monopólica, Telmex, entre otras limitaciones, quedó con una expresa prohibición de ingresar a negocios de televisión por varios años, plazo que aún no se ha vencido. El poder del operador nunca se redujo, pese a la competencia minúscula aparecida en telefonía. Telmex, en el mercado actual, mantiene una concentración casi absoluta, teniendo en mano la llave única de la interconexión. La situación muestra hasta qué punto ha fracasado el papel de las instituciones públicas encargadas de regular un sector fundamental para el progreso de un país. Aunque decadente ya por el avance móvil, Telmex mantiene todavía alrededor del 80% del mercado de telefonía fija.

El poder económico gestado por tantos años de monopolio ha generado en el sector un desequilibrio notorio. A esa supremacía, y los miles de millones que le ha generado, la pudo extender a los negocios de telefonía celular en México. América Móvil, la número uno en materia de telefonía celular y dueña de la marca Telcel, al cerrarse 2012, contaba con más de 70 millones de suscriptores móviles, en un mercado estimado con poco más de 100 millones de usuarios.

El reclamo del mercado de telecomunicaciones nacional señala a Telmex-Telcel como la verdadera reguladora de los precios de los servicios, “pues al rentar por altos precios el sistema de interconexiones, las demás compañías no pueden bajar sus precios”. No solamente es acusada de fijar los montos sino también de determinar el desarrollo tecnológico del mercado.

La nueva acometida de Televisa y Azteca va al punto central: la prohibición que tiene Telmex para involucrarse, de cualquier forma y artilugios, sea directamente o a través de un doble estándar, con negocios de televisión. Por considerarla parte de una maniobra ilegal, es decir ser casi una suerte de socio del grupo de Slim, Dish es señalada por los grupos de televisión. TV Azteca ha pedido al IFT incluir a la operadora DTH en la declaración de preponderancia de Telmex.

"Dish señala la paja en el ojo ajeno y se niega a ver la viga que tiene en el propio porque, evidentemente, esa empresa es ya propiedad de Carlos Slim", dijo en un comunicado Eduardo Ruíz Vega, director de Cumplimiento Regulatorio de Grupo Salinas. El señalamiento apuntado tiene que ver con el contraataque de Dish sobre Televisa, acusándola de agente económico preponderante en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por su participación nacional mayor al 50%, tanto en audiencia (TV abierta) como en suscriptores (TV restringida).

Para Ruíz Vega, Telmex es quien "vende, instala, factura y cobra los servicios de Dish; es, de facto, propietaria y se hace cargo de esa operadora de televisión restringida". Y duda de la capacidad financiera de los controladores de Dish, la familia Vargas. "Ni Joaquín ni Ernesto Vargas cuentan con capacidad de sostener ese esquema de negocios; todo parece indicar que ambos son empleados de Carlos Slim”.

Cada una de las disputas que enfrenta a operadoras de televisión y telefonía privadas con el grupo de Carlos Slim tiene la misma base: su dominancia "exorbitante" comprobada de hecho por las autoridades de competencia, el control cuasi monopólico de la interconexión, un poder desmesurado que impide una competencia en condiciones de igualdad, la prohibición expresa a dar televisión directamente o a través de otros.

Cada movida del conglomerado de Slim en terrenos de la televisión y la telefonía, y cada empresa que esté asociada a su grupo, será vista como parte de una acción ilegal. Telmex, de momento, no tiene argumentos para refutar los señalamientos.