Cambalache, creado por Enrique Santos Discépolo hace exactamente 80 años, es el título de uno de los tangos argentinos más populares en el mundo. Su letra remite a una sociedad con los valores alterados, travestidos. Lo bueno, lo valioso, lo moral, en el fango. La barbarie, la maldad, la mentira, lo inmoral, subidas al pedestal. O aún peor: lo bueno y lo malo fusionado, insanamente entremezclado. 

Argentina es un cambalache en estos días. Hay un gobierno nacional señalado cientos de veces por su nivel de perversión ilimitada. Denunciado por propiciante de corruptelas y falsedades y de haber desvirtuado cada valor nacional para alguna acción delincuencial. Cada estadística de la economía ha sido falsificada. La caja pública se ha usado muchas veces para comprar voluntades y para fraguar negocios a favor de los propios funcionarios del gobierno. La Justicia argentina, mayoritariamente, ha pasado a ser una afrenta cotidiana a la verdad, manipulada desde la Casa de Gobierno. El Bien Común, esencia de la democracia, tiene un nuevo concepto, recreado por la actual administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el Bien Común Propio y el de sus aliados. Todo aquel que no comulgue con esa "revolucionaria interpretación" de los valores, o que no adhiera a tan descomunal variación de la realidad, es acusado de subversivo o de siervo de los medios monopólicos. 

En ese escenario lunático fue concebida, corregida y aprobada la hoy vigente Ley de Medios que tiene patas arriba a un negocio de la televisión, que siempre se desarrolló solo, sin intromisión gubernamental, ignorado o usado políticamente a la hora de extender las licencias.

La Ley de Medios Audiovisuales es una herramienta que tiene como único fin hundir al grupo multimedios más grande del país, Clarín, uno de los pocos del mercado que ha salido con sus medios a exponer actos corruptos del Gobierno de Cristina de Kirchner y a denunciar realidades negadas oficialmente. Es tan grosero el reglamento que hasta impone al operador la obligación de programar una importante cantidad de canales sérviles del gobierno, sostenidos con dinero público algunos y otros mantenidos con propaganda pública, la mayoría repetidoras de las mentiras presidenciales.

La legislación, imperfecta, vetusta, bruta (una de sus tantas barbaridades es no haber contemplado internet), naturalmente, tiene un impacto significativo para el resto de los actores y no solo en el objetivo más buscado, Cablevisión, el operador de cable del Grupo Clarín.

EL DESEQUILIBRIO EN TV PAGA

Las Jornadas de Cable de Argentina cerradas este viernes 19 captaron el clima propio de un mercado perturbado e impactado por una reglamentación que, en esencia, busca un dolo particular y no contempla un bien general. No hubo allí, por supuesto, ni un funcionario del gobierno nacional. Desfilaron, en cambio, varios de los principales políticos opositores del partido gobernante, candidatos ellos a la presidencia el próximo año. Ausencias y presencias se explican por las particularidades del evento: la máxima convocatoria del cable del país tiene al grupo Clarín detrás de la organización. Ese detalle también marca cómo están divididos los intereses en la TV paga nacional. Jornadas de Cable dista de ser un encuentro representativo de todo el arco de intereses de la TV por cable.  No se ven allí los referentes de todos los grandes y medianos grupos. Y mucho menos, de los pequeños operadores, que aún se mantienen en el mercado, independientes aunque muy amenazados por las consecuencias colaterales de la ley. Estos últimos, presentes en buena cantidad en las conferencias y en la feria, iban y venían quejosos por los efectos malsanos de las nuevas normas sobre sus negocios. Quejas de pasillo pero no retumbantes: silenciosas porque evidentemente en el evento no tenían voz. No hubo una conferencia central que se las diera. En su cumpleaños 50, no hay un colectivo del cable en la Argentina. Como lo hubo sí en los años noventa.

Hay en la actualidad intereses en el interior del cable que no parecen converger pese a que el veneno de la ley es para todos. En lo que sí coinciden, grandes, medianos y pequeños operadores es en los principales victimarios que la norma les coloca en la otra vereda: DirecTV y las cooperativas de servicios.

SOLICITADA Y ACUSACIONES

En el acto inaugural de las Jornadas, el presidente de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC), Walter Burzaco, apuntó directamente contra DirecTV, sin medias tintas. “El marco actual para los medios corona a una empresa satelital, de capital 100 % extranjero, con la única licencia de video a nivel nacional, que está en proceso de ser adquirida por AT&T y que además es socia de las telefónicas locales en el triple play, lo que está vedado por la ley de medios y ratificado por un fallo de la Corte, que no cumplen”.

Horas antes del inicio, diferentes asociaciones provinciales de operadores de TV por cable apuntaron en la misma dirección, con una solicitada publicada en un diario nacional para advertir sobre incumplimientos de la Ley por parte de DirecTV.

Bajo el título “Más allá de las fronteras… más allá de las normas”, las asociaciones de cableperadores de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Salta, Chaco, Misiones y Jujuy señalaron a DirecTV como un depredador de la industria audiovisual (que integran cableoperadores, trabajadores y productoras) y, en particular, para las pequeñas y medianas empresas argentinas de cable.

Remarcan varios puntos de ese incumplimiento, que son obligaciones urgentes para el cable. La lista incluye: 

– El operador DTH incumple con las normas sobre el canal propio y la producción nacional de contenidos; 
– No ordena la grilla según las normas vigentes; 
– Es una empresa de capital extranjero, que en un 100% de su composición cotiza en Bolsa. Ambas situaciones contrarían la ley. 
– DirecTV no respeta las normas sobre publicidad nacional, pues emite avisos originados en otros países con la excusa de ser panregional y tampoco emite publicidad cedida a los partidos políticos de nivel provincial y municipal.
– DirecTV se aprovecha de beneficios e incumplimientos para obtener ventajas frente a cientos de empresas argentinas de todo el país, que dan trabajo, generan contenidos locales y realizan inversiones.

Los pequeños operadores no tienen como única preocupación al DTH. Son las cooperativas de servicios –en la actualidad recogiendo sus primeros permisos para dar TV por suscripción– las que más temores les generan. Se entiende: con su única propuesta de cable no podrán competir con una cooperativa que ofrece en conjunto teléfono, luz, gas, y otras servicios esenciales para un hogar. Hasta la creación de la ley, este tipo de grupos no podía brindar una oferta de TV paga.

Lo que ha generado la Ley de Medios es una confrontación inevitable entre partes que deberían convivir sin problemas, bajo reglas equilibradas. El dislate de una letra salida de escribientes que tomaron notas de los disparatados fines presidenciales, bajo el pretexto de "exterminar" a los medios monopólicos, en cambio, tiene preocupado e indeciso a un empresariado necesitado de planificar su acople al mundo digital, urgido de concentrar las energías en las oportunidades que generan las nuevas tecnologías. Si hay una ley que ataca nuestros intereses, no podemos confiar y mucho menos invertir", le reconocieron los empresarios a The Daily.

El clima confrontativo de estos sectores se hizo perceptible en las conversaciones de pasillo durante los tres días de Jornadas en Buenos Aires aunque solamente en algunas ocasiones fue abordado por los paneles centrales. No hubo, llamativamente, debates críticos sobre estos problemas concretos que le ocasiona a la industria de la TV por cable un reglamento que el propio autor de Cambalache hubiese tildado de "la ley pirada".