El gobierno venezolano ya hizo un trabajo de limpieza en la TV abierta: dejó en pie solamente a los canales que no lo molestan. Ahora da señales de querer llevar el modelo a la TV de pago. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela, ha confirmado la aprobación de una norma técnica que regula los servicios de producción nacional audiovisual (SPNA), dando al Estado la potestad para decidir qué canales deben aparecer en la programación de las compañías de TV paga.

La regulación define como SPNA a todo canal cuya recepción y/o difusión tengan lugar dentro del territorio venezolano y se transmitan solo a través de los operadores de PayTV. Por lo tanto, quedan excluidos los que semanalmente poseen más del 70% de programas, publicidad y propaganda que no califica como producción nacional.

“La norma crea condiciones jurídicas estables para el acceso de canales locales a las redes de difusión por suscripción bajo principios de buena fe, transparencia, no discriminación e igualdad de acceso”, publicó en la web, Conatel.

Los operadores deberán incorporar en sus planes o paquetes básicos, al menos 8% de canales SPNA, y garantizar la inclusión de los canales (SPNA) en los que el “Estado tenga participación o interés” en todas las programaciones.

La comisión dio un plazo de 45 días para que los canales interesados presenten la documentación para obtener el permiso de operación, que será otorgado tres meses después. El incumplimiento de la orden conllevará a sanciones según lo previsto por la Ley de Telecomunicaciones, que incluye multas y/o la anulación de los permisos.

Simultáneamente, se presentó otra resolución de la Conatel, en donde se exige que se debe solicitar un nuevo permiso para aquellos que quieran emitir en cable. Los que ya lo poseen deberán igual solicitar una renovación de sus autorizaciones, en el plazo de un mes.

Carlos Villamizar, presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu), se mostró preocupado por la inminente intervención del Estado directamente en las grillas de programación que estaban regidas por porcentajes específicos.

“No buscan democratizar la comunicación, ampliando la oferta de contenidos y haciéndola más plural, sino que, por el contrario, pretenden trasladar la concentración que hay en la TV abierta a la paga. El gobierno quiere copar también a la TV por cable”, dijo Carlos Correa, director de Espacio Público, organización pro-libertad de expresión.