Argentina entraría nuevamente este lunes en otra fase de su caos en materia de regulación de medios y telecomunicaciones. El gobierno nacional, en su obstinada búsqueda de someter a Clarín, el grupo de medios al que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sentenció solamente "porque no la favorece", le dará a Telefónica lo que le niega al enemigo, en una nueva muestra de perversión administrativa y reglamentaria.

El grupo español es propietario de Telefe, el broadcaster líder en audiencias del país. Aunque la propiedad siempre contravino los reglamentos -el pliego de condiciones impuesto en los años noventa lo explicita claramente-, la violación nunca tuvo el castigo legal. La ley de medios impulsada por el actual gobierno, hecha para quebrar a Clarín, sin importar el impacto degenerativo extendido a todo el sector, hizo más visible la irregularidad desde el primer día en que comenzó a tener efecto. Sin embargo, en el colmo de la irregularidad, el Gobierno intentó ignorar la relación entre la televisora y su real dueño. Hasta sus funcionarios salieron a negar la ligazón, en una muestra de genuflexión absoluta al mando presidencial. 

Este lunes, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)  le pondrá la frutilla al postre: tratará el dictamen firmado por su presidente, Martín Sabbatella, que sugiere la aprobación del plan de adecuación de Telefónica bajo el argumento que Telefónica de Argentina, prestador del servicio público de telefonía, no es controlante de Telefe, sino su compañía madre, Telefónica de España, "con lo cual el plan de adecuación no supone una violación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual". Brutal pero cierto: Ese es el nivel de las excusas gubernamentales para favorecer a cualquier grupo que pueda confrontar con Clarín. 

La Ley de Medios establece que los accionistas que tengan más del 10 por ciento de una prestataria de servicio público no pueden tener canales de televisión, aunque la aplicación de ese artículo quedaría suspendida a partir del proyecto de ley que impulsa el Gobierno para regular el mercado de telecomunicaciones, otra maniobra manifiesta para arruinar al rival, sin importar la onda expansiva destructiva que conlleva para todo el mercado, tanto de las telecomunicaciones como de la TV paga y la TV abierta.

Esa iniciativa, que se debate en el Senado, controlado por la administración de Cristina Fernández de Kirchner,  al tener "mayoría automática", declara a las redes de televisión por cable, de telefonía y de Internet, de un día para el otro, "servicio público" y establece que las empresas de telecomunicaciones pueden ser prestadoras de servicios de comunicación audiovisual, lo que está impedido tanto por la Ley de Medios en su artículo 25, como de forma terminante por la vigente jurisprudencia argentina en telecomunicaciones. Otro disparate surgido de la urgencia oficial por destrozar al adversario.

El gobierno desconoce el reglamento de los años noventa y ahora quiere modificar una cláusula solamente para avalar a grupos que lo han apoyado y que son directas competencias de su enemigo mediático. La industria vive sus días más brutales en la Argentina: Hay un gobierno dispuesto a todo, hasta de falsear o interpretar con maledicencia todas las reglamentaciones solo para desintegrar a un grupo de medios que hace públicas sus corrupciones y los desvaríos cotidianos de la presidenta.