Regulación
Argentina
Omar Méndez
Oct30,2013
La lucha legal entre el Gobierno argentino y el mayor grupo de medios del país, Clarín, propietario de Cablevisión, un líder de televisión por cable en América Latina, llegó a su fin este martes 29 al declarar la Corte Suprema de Justicia válidos los cuatro artículos que por diferentes medidas cautelares hacían inaplicable la totalidad de la Ley de Medios, vigente desde hace cuatro años. El fallo habilita a la administración de la presidente Cristina Fernández de Kirchner a desguazar al grupo de medios, uno de los pocos del país que confronta con las políticas gubernamentales. El desarme obligado dejará a Clarín en una situación de fragilidad y expuesto a peligros financieros, denunciados reiteradamente por su cúpula. Solo una presentación formal ante tribunales internacionales podría cambiar la suerte del multimedio argentino.
Para el Gobierno, el dictamen es el feliz colofón de una confrontación que arrancó en 2007, apenas asumió la presidencia Cristina Fernández. Hasta ese momento, al terminarse el periodo que tuvo como primer mandatario a su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, la convivencia lejos estuvo de ser belicosa. Muchos críticos hasta señalaron la existencia una connivencia entre la administración Kirchner y el conglomerado de medios desde 2003 hasta 2007. El fin de aquella relación mansa sobrevino apenas iniciado el periodo presidencial de Fernández de Kirchner. El gobierno nacional y Clarín se declararon la guerra explícitamente por algún motivo nunca desvelado. Desde el Poder Público se acusó al grupo de ser monopólico, sabiendo que no lo era. Clarín tenía sí una clara posición dominante (que no es monopolio) en el mercado de TV paga (por la fusión de Cablevisión, una ex competencia, con su propiedad original en el negocio del cable, Multicanal) que había sido avalada por el propio Kirchner.
Una vez desatada la guerra, Clarín se convirtió en la voz de la oposición, una tribuna hostil para las formas de gobernar de la primera mandataria y de sus súbditos. La primera de las acciones claramente belicista fue el impulso desde la Casa Rosada (morada del Gobierno argentino) de una ley que reemplazara a la entonces vigente 22285, dictada en los tiempos de la dictadura de los años setenta. Así nació lo que hoy desde la Presidencia se promociona como “la ley de medios de la democracia que reemplaza una ley de la dictadura”, escrita con especial unción y rapidez, y con mucha hiel para el gran antagonista del momento. En otra acción contra su enemigo, el Gobierno le arrebató por decreto los derechos sobre las transmisiones del fútbol oficial argentino que estaban en manos de Clarín. La Casa Rosada gasta desde entonces y hasta la actualidad miles de millones del dinero público en sostener los gastos de las emisiones televisivas del fútbol profesional, algo sin precedentes en el mundo. También le retaceó considerable inversión publicitaria que se concentró principalmente en los otros medios de comunicación de la Capital Federal, casi todos buenos amigos del Poder Público.
Brutal venganza
La nueva Ley de Medios de Argentina no se destaca precisamente por la abundancia de tecnicismos. Se nota en la redacción una subjetiva interpretación de lo que debe ser una regulación “democrática”. Es tan subjetiva que, a contramano de lo que sucede con las regulaciones de los países más avanzados, ignora la existencia de internet y el impacto de esa herramienta revolucionaria en los medios de comunicación. Los cerebros detrás de la ley se concentraron primero en el objetivo y luego en armar un reglamento que se pareciera a una ley de medios. Si la prioridad es la destrucción del enemigo, se puede deducir que todo lo otro es puro montaje para enmascarar el veneno. Argentina requería con urgencia una ley que realmente le asegurara a la sociedad libertad de expresión y marcara los límites y fijara las responsabilidades a las empresas actoras y también asegurara a éstas sus inversiones y acciones tendientes a favorecer a los ciudadanos. Nunca como ahora, los medios y la sociedad tienen tanta necesidad de marcos regulatorios responsables.
Los artículos más críticos para Clarín, que hasta ahora habían ido una y otra vez a dormir a los tribunales por diferentes medidas cautelares pedidas por el grupo privado, son los que habilitó en la víspera el máximo tribunal del país de forma definitiva. La gran perla buscada por el Gobierno es la generadora de los mayores recursos económicos del multimedio: Cablevisión, una poderosa empresa de cable.
-La ley argentina únicamente permite a un grupo poseer, "en todo el país", hasta 10 licencias de TV abierta y de radio. Antes, el límite era de 24. Aquí el daño no es significativo pues de estar obligado a cumplimentar el requisito, Clarín debería vender 2 licencias de las 12 que posee: 4 canales de aire (Canal 13, de Capital Federal; Canal 12, de Córdoba; Canal 10, de Bahía Blanca, y Canal 7, de Bariloche) y 8 radios AM y FM.
-El nuevo reglamento establece que el propietario de un canal de TV abierta no puede ser dueño en una misma ciudad de un canal abierto local y una operadora de cable. La limitación, en el caso de Clarín (el único caso en todo el país), lo convierte en ilegal en Capital Federal en donde es dueño del broadcast Canal 13 y dueño de Cablevisión; y en Córdoba en donde controla el broadcast Canal 12 y también tiene la operación de Cablevisión. Está obligado entonces a desinvertir en ambos lugares.
-Contra lo que ocurre en la gran mayoría de los países con desarrollo importante del negocio de TV de pago, la ley establece que un cableoperador sólo tiene derecho a generar una única señal, es decir que cierra por completo la chance de que un operador de un sistema multicanal sea también programador de canales de pago. El apartado tiene un claro destinatario: El único cableoperador del país con una programadora de varias señales es Clarín. El grupo es creador de los canales de pago Todo Noticias (TN), Volver, Magazine, Quiero, Metro, El Trece Satelital, TyC Max, TyC Sports y Canal Rural Satelital.
-La ley marca que un cableoperador no puede tener más de 24 licencias. Otro ítem hecho a medida: Si ese reglamento se pone en práctica, del total de 158 localidades o centro urbanos cubiertos por la empresa, Cablevisión debería salir de forma inmediata de 134 localidades. Clarín se quejó reiteradamente por la vara desigual con la que se midió desde el Gobierno a competencias de Cablevisión como Telecentro, que cubre con una sola licencia el mismo territorio que Clarín debe atender con 21 habilitaciones; o como el caso de DirecTV que alcanza a 2.200 ciudades del país también con una única licencia.
-La letra legal subraya que el mismo grupo operador no puede tener más del 35% de la audiencia nacional. Si se validase la limitación, Cablevisión está obligado a perder numerosos abonados, tanto de cable como de internet (servido por su subsidiaria Fibertel). Clarín aclara que Cablevisión, al tener una red única e indivisible, sólo quedaría en condiciones de entregar servicio a 24 ciudades, por lo que queda impedida de financiar el servicio de Internet a las demás localidades. Un perito economista, nombrado de oficio, aclaró que Cablevisión se volvería inviable pues no tendría sentido dar Internet en aquellas localidades ni tampoco hacer inversiones de US$ 300 millones anuales para optimizar una red limitada.
La inviabilidad económica de la operación de Cablevisión representaría el golpe más duro para todo el conglomerado de medios. El desguace y las consecuencias financieras de perder su principal fuente de recursos pueden ser terminales para la suerte del grupo argentino. Desde las tribunas del Gobierno se insiste en que la pérdida de poder de la principal compañía de medios del país enriquecerá la libertad de expresión. Los datos de la realidad dicen todo lo contrario.
El primer efecto se sintió en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se suspendió la cotización de las acciones del Grupo Clarín, cuando bajaban casi 6% al mediodía, tras conocerse el dictamen de la Corte.
